Ningún periodista ha contactado con Ruy, ni con nosotras, ni con las vecinas de la Comunidad, para contrastar la «información».

Las vecinas de «La Esperanza», las afiliadas de
Inquilinas GC y nosotras mismas estamos flipando con que se pueda vomitar todo esto, reproducir la versión de la Guardia Civil y el Estado, sin ni siquiera preguntar a la otra parte y a las afectadas su versión de los hechos.

En abril de 2015 Ruymán es detenido por la Guardia Civil de Guía, llevado al cuartelillo, insultado, vejado y golpeado, con la única intención de que abandone la Comunidad «La Esperanza». Ante las lesiones que le causan, se fabrica la acusación de «atentado a la autoridad».

Después descubriríamos que la excusa para detenerlo era la denuncia de una señora (denuncia que retiró días antes de la detención) que se había metido en una vivienda sin pasar entrevistas ni dar documentación. La señora denunció a la Comisión de Realojo entera (unas 6 personas).
Pero el único detenido y llevado al cuartelillo fue Ruymán (que ni siquiera estaba presente cuando Realojo tuvo el conflicto con la señora). Sea como sea, el asunto se aclara, la señora retira la denuncia, entiende cómo funciona la comunidad y después deja la vivienda.

La FAGC siempre se ha enfrentado con aquellos realojados que, mejorada su situación, han intentado lucrarse con las viviendas o han intentado acceder a ellas sin reunir los requisitos. Es es el modus operandi que hemos tenido en todas las comunidades y que continúa.

Escupir sin ninguna prueba, sin subir a «La Esperanza» a preguntarle a las vecinas que fueron realojadas antes de 2015 cómo accedieron a las viviendas, que se les pedía dinero por entrar, es una calumnia repugnante con una clara intención de desacreditar.
Hablamos de un compa que ha perdido salud, dinero y trabajo por ayudar a personas que a veces respondieron y otras no. Intentar que una detención ilegal pase a convertirse en una «detención justificada» y una sesión de torturas en «reducir a un detenido» es propaganda estatal.

No lo vamos a permitir. Ellos tienen los tribunales (seguramente ganarán), ahora vemos que también tienen a la prensa (seguirán con la campaña), pero nosotras tenemos nuestra militancia, nuestras vecinas, la verdad y la calle. Habrá respuesta.

Por cierto, la señora denunció infundadamente a Realojo por allanamiento (alegando que se metieron en su casa para pedirle la documentación). Durante ese conflicto Ruy estaba en su curro, ni siquiera estaba presente. No hay ninguna denuncia por «venta de casas». CALUMNIA

Otro detalle preocupante (que es triste que pase a un 2º plano ante la difamación) es que fiscalía (el Estado) pide 1 AÑO DE CÁRCEL y 700 € de multa por una supuesta patada en el muslo de un picoleto provocándole una «fricción». Vamos, 1 año de trena por una solladura de playa.