Retroceso en los Derechos Sociales en Canarias
Retroceso en los Derechos Sociales en Canarias
El reciente decreto sobre Dependencia aprobado por el Gobierno de Canarias ha desatado una oleada de críticas desde los colegios oficiales de Trabajo Social y otros profesionales del sector. Y con razón. En lugar de reforzar un sistema ya frágil, este decreto introduce cambios que suponen un paso atrás en la garantía de derechos, la calidad del servicio y la profesionalización de la atención a las personas en situación de dependencia.
Uno de los puntos más alarmantes del Retroceso en los Derechos Sociales en Canarias es la eliminación del informe social como elemento clave en el proceso de valoración. Sustituirlo por un “informe del entorno” no solo empobrece el análisis de las necesidades de la persona, sino que desprofesionaliza el proceso y deja la puerta abierta al intrusismo laboral. El informe social no es un trámite burocrático más, sino una herramienta profesional que permite entender el contexto vital de la persona dependiente, algo que difícilmente se puede suplir sin la formación especializada de trabajadores sociales.
Además, el decreto que es un Retroceso en los Derechos Sociales en Canarias permite la externalización de funciones esenciales a entidades privadas. ¿Qué garantías de calidad pueden ofrecer empresas cuyo objetivo final no es necesariamente el bienestar social, sino la rentabilidad económica? Este paso abre una peligrosa vía hacia la privatización de un derecho fundamental, como es el acceso a cuidados dignos para quienes más lo necesitan. Delegar esta responsabilidad a terceros es abandonar el compromiso público con la dependencia.
Este Retroceso en los Derechos Sociales en CanariasTampoco mejora las cosas la implantación del llamado sistema monofásico, que pretende aunar en una única visita tanto la valoración como la propuesta de intervención. Bajo la excusa de agilizar el procedimiento, se pierde profundidad, personalización y, en muchos casos, precisión. ¿De verdad se puede valorar adecuadamente a una persona y diseñar su plan de atención en una sola sesión? Esta simplificación solo favorece la administración, no a quienes necesitan ayuda.
Por si fuera poco, con este Retroceso en los Derechos Sociales en Canarias se introduce la posibilidad de extinguir el derecho a la prestación si no se hace efectiva en tres meses. Una medida profundamente injusta que penaliza a la persona dependiente por las deficiencias del sistema: la falta de plazas, los retrasos burocráticos o la carencia de personal. En lugar de reforzar los recursos, se castiga a quien espera, como si la lentitud fuera culpa del usuario y no del propio sistema.
Este decreto de Retroceso en los Derechos Sociales en Canarias no solo ignora las advertencias de los profesionales que conocen el terreno, sino que parece redactado desde un despacho alejado de la realidad social. No tiene en cuenta las desigualdades, los ritmos humanos ni las situaciones complejas de quienes dependen del sistema para tener una vida digna.
Frente a un marco legal que debería proteger, acompañar y empoderar, nos encontramos con un texto que recorta, debilita y burocratiza. Un decreto que no reconoce el valor del trabajo social ni la dignidad de las personas dependientes. Por eso es urgente dar marcha atrás y construir, desde el diálogo con los colegios profesionales y los colectivos afectados, una normativa que esté a la altura de lo que exige un verdadero estado del bienestar. Porque los derechos no se simplifican, se garantizan.
Jacinto Ortega del Rosario
22/04/2025
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