El Sáhara Occidental: Ocupación, Silencio y Responsabilidades Políticas

El Sáhara Occidental sigue siendo uno de los conflictos más prolongados y silenciados del panorama internacional. Tras la salida precipitada de España en 1975, el territorio fue ocupado por Marruecos en una maniobra que vulneró el derecho internacional y dejó al pueblo saharaui en una situación de vulnerabilidad extrema. La ocupación ha derivado en décadas de sufrimiento, represión y olvido, en las que las víctimas principales siguen siendo los saharauis, tanto los que resisten en los territorios ocupados como los que sobreviven en los campamentos de refugiados de Tinduf.

El Sáhara Occidental: Ocupación, Silencio y Responsabilidades Políticas: La responsabilidad de España en este conflicto es ineludible. Como potencia administradora reconocida por las Naciones Unidas desde la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de 1960 y, más específicamente, por la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 1975, España tenía —y tiene— la obligación legal y moral de completar el proceso de descolonización facilitando un referéndum de autodeterminación. No obstante, tras los Acuerdos de Madrid (1975), firmados sin legitimidad legal internacional, España abandonó el territorio sin garantizar ese derecho, dejando el proceso inconcluso y permitiendo la ocupación por parte de Marruecos y Mauritania.

El Sáhara Occidental: Ocupación, Silencio y Responsabilidades Políticas: Lejos de corregir esta injusticia histórica, el Gobierno de Pedro Sánchez ha profundizado el abandono. En marzo de 2022, a través de una carta dirigida al rey Mohamed VI de Marruecos, Sánchez expresó el apoyo de España al plan marroquí de autonomía, calificándolo de “la base más seria, creíble y realista” para resolver el conflicto. Esta decisión rompió con décadas de neutralidad diplomática española y fue anunciada sin consenso parlamentario ni consulta a los saharauis, lo que generó una fuerte crisis política interna y tensiones con Argelia, histórico aliado del pueblo saharaui.

Numerosas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado reiteradamente las violaciones sistemáticas cometidas por Marruecos en el Sáhara Occidental: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones a la libertad de expresión y torturas documentadas. Según el informe del Relator Especial de la ONU sobre la tortura (2022), “las autoridades marroquíes continúan empleando métodos de represión contra la disidencia en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, particularmente contra activistas saharauis”.

Además, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), establecida en 1991 mediante la Resolución 690 del Consejo de Seguridad, sigue sin cumplir su mandato principal: organizar un referéndum libre y justo para decidir el futuro del territorio. El apoyo explícito de España al plan marroquí contraviene este principio, al tiempo que deslegitima el trabajo diplomático de décadas de la ONU.

Pese a este contexto adverso, el pueblo saharaui continúa resistiendo con una dignidad admirable. La activista Sultana Khaya, símbolo de la lucha pacífica, ha sido víctima de arrestos domiciliarios ilegales, agresiones físicas y acoso constante. Casos como el suyo reflejan la urgente necesidad de una intervención internacional que ponga fin a la impunidad de Marruecos en el territorio ocupado.

El Sáhara Occidental representa hoy un espejo incómodo para la comunidad internacional, y especialmente para España. El giro político de Pedro Sánchez no solo constituye una claudicación diplomática, sino una violación del derecho internacional. Mientras se sigan priorizando intereses económicos y estratégicos sobre los derechos humanos, no podrá haber una paz justa ni una resolución verdadera al conflicto. El pueblo saharaui no necesita compasión, sino justicia, legalidad y el respeto pleno a su derecho inalienable a decidir sobre su propio destino.

Moranga 24/05/2025

El Sáhara Occidental: guerra, ocupación, exilio y la responsabilidad histórica de España

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